R. L. A., de 61 años, propietario de la empresa Patatas Lahera, dedicada a la elaboración de patatas fritas en Alesón, ha sido condenado a dos años de cárcel por un delito contra los derechos de los trabajadores y otro de homicidio por imprudencia grave, por el incendio en el que murió una trabajadora, en septiembre de 2010.
El fallo judicial (contra el que cabe recurso ante la Audiencia Provincial) considera probado que en la empresa -donde se produjo un incendio el 15 de septiembre de 2010, en el que falleció por asfixia una empleada que se encontraba en su interior- no tenía designado a un jefe de emergencias, ni estaba dotada de equipos de primera intervención o alarma y evacuación, ni había realizado nunca un simulacro de incendio; además de que los trabajadores no tenían una adecuada formación en esta materia.
La trabajadora que murió en el siniestro, de 25 años, trabajaba en la empresa desde julio de 2010 con la categoría de peón con un contrato eventual y, en una sesión de una hora de formación que recibió, se concentraron «multitud» de temas, pero ninguno referido a medidas de emergencia.
La sentencia asegura que el incendio fue consecuencia directa de la falta de aislamiento eficaz en la chimenea que evacúa los humos de la freiduría del obrador, lo que produjo una combustión y generó rápidamente llamas y gran cantidad de humo.
Minutos antes de producirse el incendio, la trabajadora fallecida había subido a los aseos, permaneciendo en el interior mientras el fuego se extendía, ajena por completo a los intentos de algunos trabajadores para apagar las llamas, sin que «se hiciera sonar ninguna alarma o sirena que pudiera ser oída en el contorno de la fábrica». Cuando «trató de salir, el humo y las llamas se lo impidieron falleciendo por asfixia».
La aseguradora de la empresa consignó, en mayo de 2012, 38.747,94 euros y 53.278,42 euros a favor del padre y de la madre de la persona fallecida, respectivamente; y el acusado aportó 20.000 euros a favor de los padres de la trabajadora.
Ya en 2007, un servicio de prevención había alertado del «riesgo de incendio calificándolo como alto, probable y grave», haciéndose recomendaciones expresas a cumplir con el Reglamento de Seguridad.
Fuente: El Correo